Un pulso por el decrecimiento urbano-turístico

Macià Blázquez Salom

Resumen

Entornos frágiles, ambiental y socialmente como son las islas intensamente turísticas, han mostrado experiencias de autocontención del crecimiento mediante alianzas de intereses. Su aplicación urbanística ganó una cierta hegemonía en las Islas Baleares entre 1984 y 2008 (Rullan, 2010). Pero la crisis iniciada en 2008 ha propiciado una redefinición de las alianzas que traiciona esta trayectoria, a favor de los intereses del mercado autoregulado. La crisis actual está siendo combatida mediante políticas neoliberales de desregulación y recortes del papel del Estado, que también implican la flexibilización del planeamiento urbano-turístico. De esta forma se promueve más crecimiento a cualquier precio (Peck, Theodore y Brenner, 2010). Semejantes tensiones han sido identificadas para crisis precedentes, destacando el análisis de Karl Polanyi (2001) para la primera mitad del siglo XX, tras la crisis de 1929. En este contexto, se analiza la alianza de intereses que dio lugar a las políticas de contención del crecimiento turístico-inmobiliario, el cambio de tendencia a raíz de la crisis con el protagonismo de los intereses urbanístico-turísticos de las Cadenas Hoteleras, algunas consecuencias de la flexibilización socioambiental negativa y el mantenimiento de resistencias ciudadanas.

Palabras clave: poder, crisis, turismo de masas, Islas Baleares, Karl Polanyi


Contradicciones del capitalismo turístico

El turismo de masas se desarrolla siguiendo los dictados del capital y los principios definitorios del capitalismo, como son la aceleración del retorno de capital y la expansión geográfica mediante la asimilación de espacio y recursos. David Harvey (Harvey, 2004) define este proceso de acumulación de capital mediante desposesión y mercantilización de ámbitos hasta entonces ajenos al mercado. La producción social del espacio viene, por consiguiente, definida por esta asimilación territorial al sistema capitalista. Estas directrices intrínsecas determinan la existencia de contradicciones que el capitalismo desplaza pero no resuelve (Harvey, 2014). En primer lugar, la sobreacumulación de capital a raíz de las crisis de sobreproducción, que se desplaza y se fija espacialmente bajo el imperativo de crecimiento. Y en segundo lugar la limitación que al capitalismo le supone la finitud del entorno y de los recursos naturales. Los mecanismos de desplazamiento, que no resolución de estas contradicciones del capitalismo incluyen el capitalismo verde para combatir el deterioro ambiental (Magdoff & Foster, 2010), el ecoturismo (Fletcher & Neves, 2012; Fletcher, 2011) o la misma conservación de la naturaleza para dilatar la acumulación de capital (Büscher & Fletcher, 2015).

Las crisis como un pulso entre el capital y la democracia

El desarrollo del libre mercado autoregulado, característico del capitalismo, se fundamenta en la acumulación de beneficios a costa de la explotación laboral y de los recursos naturales. Yendo más allá en la definición de su relación con el individualismo competitivo y la sociedad en su conjunto, el capitalismo se caracteriza por aplicar “el principio de la individualización de la ganancia para la socialización del riesgo” (Wallerstein, 1988: 44). Estas mismas definiciones son aplicables al turismo, en tanto que se demuestra su mercantilización del ocio (Fletcher y Neves, 2012, p. 61) y del espacio (Britton, 1991, p. 462) mediante la fijación de capital en bienes inmuebles e infraestructura (Harvey, 1989) o su contribución al calentamiento global, con un incremento de las emisiones debidas al turismo del 200% para 2030, relacionado con el efecto rebote del aumento de la eficiencia energética (Hall, Scott y Gössling, 2013: 118).

Las crisis del capitalismo responden a su dinámica interna, es decir le son consustanciales. Las crisis son “las ocasiones que el capital aprovecha para reestructurarse y racionalizarse con el objeto de restaurar su capacidad de explotación laboral y acumular” (O’Connor, 1988:18). Es decir, que son “no sólo inevitables sino necesarias, dado que son la única manera de que se recobre el equilibrio y de que las contradicciones internas de la acumulación de capital puedan ser al menos temporalmente resueltas” (Harvey, 2010: 71). El turismo también contribuye a crear y a resolver las crisis del sistema económico, para así mantener el capitalismo. Un ejemplo es la creación de una ficción entorno a la neutralidad o incluso virtud del turismo, ocultando sus efectos sociales y ambientales negativos (Blázquez-Salom, 2013).

El capitalismo neoliberal se enfrenta a la crisis sistémica –ambiental, social y financiera– mediante más mercantilización, que saque provecho –pero haciendo ver que lo resuelve– del problema de los límites ambientales al crecimiento económico (Castree, 2008: 146). Tanto es así que la última Cumbre de la Tierra, Rio+20, se fundamentó en la propuesta de una “economía verde” como solución a la crisis del capitalismo (UNEP, 2011). Esta instrumentación demuestra cómo el bloque histórico del desarrollo sostenible (Sklair, 2001) manufactura el consenso para mantener la hegemonía en manos de la élite dirigente (Igoe, Neves y Brockington, 2010). Y del mismo modo que el capitalismo verde ofrece el comercio de los derechos de emisiones de gases de efecto invernadero como solución al problema ambiental del calentamiento global, el turismo se atribuye contribuciones a la sostenibilidad de dudosa veracidad: vende la solución romántica de que quien lo consume salva el planeta (Igoe, Neves y Brockington, 2010: 503), que la economía de servicios puede generar crecimiento con menor consumo de materiales y energía (WCED, 1987) –porque deslocaliza no sólo la producción sino también el consumo, deslocalizando también muchas de sus externalidades negativas–, o que proporciona un enriquecimiento personal ilimitado de experiencias –a modo de un sucedáneo de la acumulación ilimitada de capital– (Fletcher y Neves, 2012). Evidentemente, se trata de soluciones para el capitalismo y no para los problemas ambientales. Arreglos para las crisis de sobreacumulación de capital, mediante las cuales “el capitalismo convierte los problemas ambientales que él mismo crea en oportunidades de mayores mercantilización de bienes y de expansión del mercado” (Igoe, Neves y Brockington, 2010: 489).

Karl Polanyi (2001) caracterizó esta desvinculación, disembedding, entre la economía y la sociedad como la mayor amenaza del mercado autoregulado. La acumulación primitiva inherente al capitalismo presiona para convertir en mercancías intercambiables el territorio, los recursos naturales y el trabajo, “reduciendo a la naturaleza humana y no humana a meras “cosas”, objetos e instrumentos de intercambio” mediante “cerramiento, desplazamiento y alienación tendentes a vaciar las relaciones socionaturales de su contenido sustantivo” (Prudham, 2013, p. 1579). La imposición de los intereses mercantiles a los generales de la sociedad abre una brecha institucional, es decir política. La sociedad responde –mediante lo que denominó un “contra movimiento”– intentándose proteger de los mencionados excesos con el ejercicio de la democracia que crea estabilidad. El esquema establecido por Karl Polanyi ilumina este análisis de las tensiones entre las instituciones económicas y las políticas.

La especialización turística de las Islas Baleares

Las Islas Baleares concentran las sedes centrales de las principales corporaciones turísticas españolas. Los factores que contribuyen a su configuración como emporio turístico se explican por la connivencia de este gran empresariado con el Estado –desde la dictadura franquista a los gobiernos de la monarquía–, sus alianzas con operadores turísticos noreuropeos y la primacía de estas islas como destino turístico fortalecido por la pertenencia española a la Unión Europea y a la OTAN (Rullan, 2012; Yrigoy, 2013).

El 84% del producto interior bruto de las Islas Baleares proviene del sector servicios y recibieron 12.992.745 turistas en 2013, con un incremento de la afluencia del 14,5% desde 2010 (http://ibestat.caib.es; ATB, 2014). La inestabilidad de destinos turísticos norteafricanos de los últimos años está favoreciendo este destino preferido por alemanes (31,5% de los llegados durante 2013), británicos (25,7%) y españoles (15,1%).

Su capacidad de alojamiento ha evolucionado al alza, con un crecimiento del 13,3% entre 2001 y 2008, pasando de 2,2 millones de plazas a 2,5; mayoritariamente concentrada en las plazas de alojamiento teóricamente residencial (que crecieron un 15,9%, pasando de 1,8 a 2,1 millones de plazas), más que en las de alojamiento turístico reglado (que crecieron sólo un 2,2%, pasando de 414 mil plazas a 423 mil) (Murray, 2010). Esta discordancia tan acentuada se debe a la pérdida de interés del desarrollo de alojamiento turístico reglado durante la “burbuja inmobiliaria” y la internacionalización del capital hotelero balear. El interés del capital se dirigía a la construcción residencial, más que para el uso que les es propio, para aprovechar su valor de cambio especulativo o su potencial de alojamiento turístico-residencial (Hof y Blázquez, 2013).

El consenso social contra la balearización

En el caso que nos ocupa, los excesos del capitalismo tienen su expresión territorial en la denominada “balearización”, apelativo peyorativo adoptado por la propia sociedad balear para denunciar el deterioro ambiental y social provocado por el turismo. La aceptación social de esta descalificación del modelo económico puede ser entendida como un movimiento de protección de la sociedad contra la mercantilización turística de una gran diversidad de bienes y valores comunes: la costa, el paisaje, el espacio urbano, la toma de decisiones políticas en democracia o la calidad de los puestos de trabajo. Las tensiones entre los abusos del capital turístico y las denuncias y demandas de la sociedad se han resuelto, entre otras reacciones sociales, mediante campañas ecologistas de defensa del territorio y un denso vaivén de medidas legales de planificación territorial y turística. Las alianzas sociales en defensa del territorio han contado con apoyos tanto de sectores empresariales turísticos (del comercio y de la hotelería) como de instituciones conservadoras (la Sociedad del Fomento del Turismo de Mallorca o los obispos de Baleares) (Barceló, 2002; Deig, Ubeda y Ureña, 1990). Pero la defensa del territorio ha recibido el grueso de su apoyo social de las clases medias propietarias, en tanto que herederas de pequeños patrimonios que contribuyen a su sustento laboral o rentista, por el que combaten la futura competencia que derivaría de más crecimiento urbano y turístico. Una amplia alianza social articula y difunde discursos críticos con la “balearización”, desde el ecologismo hasta el conservadurismo porque el conservacionismo marca el ADN balear (Rullan, 2010). Coincidiendo con el modelo definido por Karl Polanyi, la defensa territorial y ambiental no consiste, por consiguiente, en propuestas para solucionar la tensión entre el capital y el trabajo, originada por la explotación laboral y la reducción salarial. Esta desposesión de bienes comunes tiene por respuesta un movimiento de protección “en torno a los intereses sociales amenazados por el mercado y no en torno a intereses de clase” (Polanyi, 2001, p. 169).

La protección del territorio

La historia de la planificación territorial y turística de las Islas Baleares se ha caracterizado por la aplicación de medidas de contención del crecimiento. Así ha sido desde el inicio de la democracia, con la primera ley autonómica balear en 1984, hasta el inicio de la actual crisis, con la última ley autonómica proteccionista en 2008 (Rullan, 2010). Se han aplicado medidas de protección de espacios naturales y de la franja costera no urbanizada, la prohibición de formación de nuevos núcleos urbanos, la limitación del crecimiento del suelo urbano, la desclasificación de sectores de suelo urbanizable, el establecimiento de cuotas para la concesión de licencias de edificación en ámbitos urbano-turísticos (Rullan, 2005), el esponjamiento de enclaves turísticos decadentes, la necesidad de dar de baja plazas de alojamiento turístico para poder construir nuevas, etc. (Salom, 2011). El consenso social en torno a “las moratorias al crecimiento” (Bianchi, 2004) llevó a denominar este proceso como el de una “auténtica carrera para la desclasificación de suelos urbanizables” (Blasco, 2002, p. 234). Estas reducciones del potencial de crecimiento ha llevado a interpretarlas como ejemplos de sostenibilidad fuerte, basadas en decisiones democráticas de alta calidad (Bauzá, 2007, p. 17).

Por otro lado, también Alícia Bauzá nos hizo prestar atención al desarrollo de las infraestructuras, menos evidentes que el desarrollo urbanístico, y que no paró durante todo el periodo de las “moratorias al crecimiento”. Tanto es así que los movimientos sociales, que se movilizaron para demandar el freno del crecimiento urbanístico, desatendieron la oposición a estos desarrollos que incrementan sustancialmente la capacidad de acogida de futuros crecimientos del consumo territorial y de los recursos naturales (Bauzá, 2013, p. 163). Su estudio se centró particularmente en la ampliación del aeropuerto de Palma (Bauzá, 2013), que dobló su capacidad de acogida mediante su ampliación en 1997 y su posterior asunción de funciones de redistribución, hub, particularmente para compañías de bajo coste. A esta infraestructura que opera como principal puerta de entrada a la isla, se le añaden las de transporte interno, como son las autopistas (Blázquez-Salom, 2006) o las de abastecimiento de agua mediante desaladoras (Hof, Blázquez-Salom, Comas y Baron, 2014) y el abastecimiento eléctrico, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos mediante incineración, etc. (Murray-Mas, 2012, p. 1298-1303). Estos desarrollos se producen en un contexto de fuerte entrada de capitales y de fondos europeos. A modo de ejemplo, el 75% de la inversión de 240 millones de euros de la ampliación del aeropuerto inaugurado en 2007 se financió mediante mecanismos de fondos de la Unión Europea (Bauzá, 2013, p. 132). El desarrollo de estos megaproyectos de transporte y abastecimiento urbano supuso la fijación espacio-temporal de capital, como solución a sus crisis de sobreacumulación (Harvey, 2003). De esta forma, el capital dilata el retorno de sus ganancias, fijándose al mismo tiempo espacialmente. Esta fijación espacio-temporal caracteriza la globalización neoliberal, definida por la flexibilidad financiera de los mecanismos de acumulación de capital (Coq-Huelva, 2013).

La traición a la trayectoria proteccionista

Desde 2008, la tradición normativa balear de protección del territorio se ha revertido con la excusa de la crisis. No pudiéndose devaluar la moneda debido a la unificación monetaria del euro, se devalúa el territorio, igual que se hace con los salarios, las pensiones o las dotaciones de educación o sanidad públicas (De Castro y Pedreño, 2012).

El capitalismo globalizado impone la competitividad territorial y urbana, que supone una mayor “flexibilidad espacial” (Jessop, 1992) en concordancia con el régimen de acumulación post-Fordista (Harvey, 1989). La flexibilidad espacial se concreta en que el espacio admita de forma superpuesta diversos usos y significados (Mayhew, 2009), para adaptarse mejor a los circuitos globales del capital. La desregulación significa, en términos generales, la reducción normativa de obligaciones y responsabilidades de todo tipo –laborales, fiscales, medioambientales…–, para la libre iniciativa empresarial, amparada en las necesidades de crear el medio favorable a la inversión (y al crecimiento), la competencia y la innovación. Esta desregulación –“roll back” del Estado–constituye una de las herramientas del capitalismo neoliberal, compatible con nuevas formas de regulación favorables a nuevas vías de acumulación del capital –“roll forward”– (Brenner y Theodore, 2002: 369) o reregulación (Castree, 2008: 142).

Stephen Britton nos da la guía para vincular la fijación de capitales con el mercado turístico-inmobiliario: “Con las enormes reservas de capital-dinero que hay en circulación en el mundo en busca de inversiones de alto rendimiento y seguras, ha habido un fuerte aumento de la especulación internacional” (1991, p. 471 ). La relajación de las normas de planificación urbana y regional en las Islas Baleares fomenta la atracción de flujos de capitales hacia los nuevos mercados de bienes raíces, para el mercado de compra-venta como activo financiero más que para su uso como vivienda (Hof y Blázquez, 2013). Así se consigue que también en las Islas Baleares, “Hoteles, centros turísticos, segundas residencias para jubilados y puertos deportivos sean reconocidos entre los inversores institucionales, corporativos y de pequeños inversores como un segmento atractivo del mercado inmobiliario” (Britton, 1991, p. 472). Para atraer y dar acogida a estos capitales, se está legislando y desarrollando planeamiento territorial que desprotege territorio y favorece su desarrollo urbanístico. La crisis también se aprovecha para reactivar proyectos urbanísticos fracasados, que se han convertido en activos tóxicos para sus promotores y para las entidades financieras que los respaldan. La regulación revitalizadora de esos “zombis urbanísticos” –definidos como “proyectos que habían recibido un fuerte rechazo social y que parecían propios de tiempos remotos” (Murray, 2013a, p. 274)– sirve para sanear las cuentas financieras de activos tóxicos.

La crisis ha posibilitado que el interés del lobby urbanístico-turístico venza en su oposición a la contención, imponiendo su criterio de maximizar la acumulación de capital en la definición de un marco legal pro-crecimiento (Artigues-Bonet y Blázquez-Salom, 2012; Yrigoy, Artigues y Blázquez-Salom, 2013). Tanto es así que podemos bautizar este momento como una “carrera por amnistiar ilegalidades”. Esta instrumentación del Estado se corresponde a un deterioro de la democracia, en los términos utilizados por Karl Polanyi (2001).

Karl Polanyi identificó la salida de la crisis del 1929 a través de tres mecanismos de respuesta política y alejamiento del ideario del libre mercado, a los que denominó “la Gran Transformación”: el New Deal estadounidense, el socialismo autoritario y el fascismo. Carlos De Castro y Andrés Pedreño (2012) trasladan este mismo análisis a las crisis del capitalismo regulado de los años 1970 y del capitalismo neoliberal iniciada en 2008, poniendo el énfasis en su solución “desdemocratizadora” de la vida social. Esta “desdemocratización” se equipara a las amenazas políticas de la crisis sistémica del capitalismo de 1929, que se pusieron en práctica durante la primera mitad del siglo XX identificadas por Polanyi. La “desdemocratización” se caracteriza por la subordinación del poder de los Estados y la erosión del poder organizativo de los trabajadores, a favor de los intereses de las corporaciones empresariales y financieras.

La muestra la tenemos en numerosas reformas legislativas, destinadas a posibilitar que el capitalismo se dote de nuevas estructuras de regulación favorables a la acumulación de capital. Por decirlo más prosaicamente, la regulación estatal se deja llevar, “rodando a la par”, roll-with-it, del mercado neoliberal (Keil, 2009), por ejemplo mediante desregulación territorial (Peck y Tickell, 2002).

Al igual que De Castro y Pedreño (2012) analizan modificaciones legislativas referentes a los ámbitos financiero y laboral, a continuación se ensaya la semejanza de las nuevas políticas de (des)planificación territorial turística de las Islas Baleares, así como las tensiones de resistencia social que generan la desposesión neoliberal y la “desdemocratización” en torno a los bienes comunes. Entendemos por bienes comunes “los resultados de la producción social que son necesarios para la interacción social y la producción ulterior, tales como saberes, lenguajes, códigos, información, afectos” (Hard y Negri, 2011: 10). Siendo la calidad del entorno el sustento de la actividad económica turística balear, su sostenibilidad ha atraído el interés de numerosos agentes sociales, aliándose para preservarla, o para utilizarla en beneficio propio. El caso más paradigmático es el de los hoteleros. Y su expresión popular entendemos que ha consistido en la denuncia de la “balearización”.

El dominio político de los hoteleros baleares

Joan Amer (2006) analizó la acción política de los hoteleros baleares, llegando a la conclusión de que modela la regulación legislativa de estas islas desde antes de la instauración de la actual monarquía parlamentaria. Joan Buades (2014) analiza la internacionalización de esos mismos hoteleros, que ampliaron su actividad conformando corporaciones transnacionales. Ivan Murray (2012) atribuye el papel protagonista a esta clase capitalista global en el centro de su análisis de la evolución geohistórica del capitalismo balear, por ser la promotora de la globalización neoliberal. La actividad de estas corporaciones turísticas se fundamenta en el disfrute de la minoría del “Norte Global”, expandiendo su actividad empresarial mediante el desarrollo turístico-inmobiliario de nuevos enclaves, en un continuo crecimiento hacia nuevos destinos emergentes (Britton, 1982). El capitalismo neoliberal ha favorecido el fortalecimiento de las corporaciones transnacionales, en el caso de las turísticas los factores concomitantes han sido: las estrategias de integración horizontal y vertical mediante la absorción de otras empresas, las modalidades de gestión de los establecimientos comercializando la propiedad del inmueble, especialmente a fondos de inversión (Real Estate Investment Trusts) y de capital riesgo, o la evasión de la Hacienda pública radicando filiales para realizar operaciones financieras en paraísos fiscales (Ramon, 2002; Murray, 2012). El siglo XXI acarrea el fin de la “globalización feliz” del capitalismo hegemónico tras la caída del bloque del Este (Fernández Durán, 2003), que favorece a los destinos turísticos seguros, como las Islas Baleares o el Caribe, en los que se especializan las cadenas turísticas baleares. Pero la entrada de la moneda única europea hace todavía más rentables los destinos fuera del Estado español, dado que “con la entrada en vigor del euro [1 de enero de 2001], España se convierte en un espacio caro, especialmente para los turistas que venían hasta entonces, debido a que había habido un notable diferencial en los tipos de cambio entre las monedas de los países emisores y la peseta española” (Murray, 2012, p. 771).

La implantación de los hoteleros baleares en los países empobrecidos ha conllevado todo su know how empresarial, ensayado y perfeccionado en las Islas Baleares, incluyendo su instrumentación del Estado (Blázquez, Murray y Artigues, 2011a) para “desdemocratizar” las sociedades (De Castro y Pedreño, 2012). El capital turístico domina el entorno social balear para someter el marco regulatorio a su interés. Así sucedió con su exitosa campaña de eliminación de la “ecotasa” balear (2002-2003). La ecotasa pretendía proporcionar ingresos finalistas a las administraciones públicas para invertir en mejoras del entorno; pero también controlar la oferta de alojamiento turístico estancada por la aplicación de moratorias de contención del crecimiento, la deslocalización de los negocios turístico-inmobiliarios de los hoteleros y la atracción del capital por el desarrollo inmobiliario de uso turístico-residencial no reglado (Blázquez y Murray, 2010; Binimelis, 2002). El mismo gobierno títere que eliminó la ecotasa, desprotegió también unas 22.400 hectáreas de parques naturales, como para dar una idea de la orientación política y del poder del caciquismo turístico (Murray, 2005).

Pero como se dice en catalán, volta al món i torna al Born. La capacidad hegemónica de esta clase capitalista internacional impregna ideológicamente la sociedad balear, que asume su modelo de desarrollo, perfeccionado tras su aventura americana de acumulación por desposesión y gentrificación turística (Blazquez-Salom, Cañada y Murray, 2011). Los hoteleros baleares vuelven a campar por sus fueros en su lugar de origen. La crisis global, el encarecimiento de los combustibles y el aumento de las tensiones sociales les pueden estar haciendo redefinir sus intereses, retomando su apuesta por dar una vuelta de tuerca más a su explotación turística de las Islas Baleares.

El incremento del control corporativo del turismo balear

La actualidad nos proporciona evidencias de cambios respecto de los modelos de inversión de las corporaciones hoteleras baleares (Artigues, Blázquez e Yrigoy, 2014). Iberostar escoge una nueva ubicación junto a la autopista de cintura de Palma (Mallorca) para su nueva sede central, construida entre 2008 y 2011. Barceló Hotels International compra el hotel Formentor, decano de la oferta turística balear, en 2006, celebrando su 75 aniversario y “como muestra de gratitud a la isla que la vio nacer” (www.barcelo.com, consultada el 8/10/2013). Meliá Hotels International consigue una “declaración de interés autonómico” (30/09/2011) para remodelar y gentrificar el enclave de los hoteles que dieron origen a su cadena en Magaluf; acompañada en el traspaís del mismo enclave por el proyecto de cuatro nuevos hoteles y un centro comercial de la cadena Viva Hoteles. El proyecto de Meliá Hotels International gira en torno al formato beach club y se denomina Calviá Beach Resort, ofreciendo el uso preferencial de la playa pública. Matutes hace una apuesta similar con la conversión de su establecimiento Fiesta Hotel Playa d’en Bossa de Ibiza en el beach club denominado Ushuaïa Ibiza Beach Hotel (Aversa, 11/2/2013). La remodelación de la Platja de Palma invoca también números intereses (Artigues y Blázquez, 2012) favorables a la “máquina de crecimiento” urbano-turística (Logan y Molotch, 1987), con la novedad de la aprobación inicial de una nueva versión del Plan de Reconversión Integral que daría cabida a la consolidación de más suelo urbano, con perjuicio para espacios libres y naturales que actualmente esponjan este enclave, además de proporcionar 111,67 Ha de crecimiento mediante suelo urbanizable (Yrigoy et al., 2013).

Las cadenas hoteleras no han dejado de aumentar su presencia en las Islas Baleares, donde ostentan la hegemonía de la capacidad de alojamiento turístico (véase la figura 1, la Tabla 1).

Doc1Figura 1. Número de plazas de alojamiento turístico bajo el control de Cadenas Hoteleras en las Islas Baleares. 
Fuente: Murray, 2012.
Doc2_ESTabla 1. Porcentaje de plazas de alojamiento turístico bajo el control de Cadenas Hoteleras en las Islas Baleares. 
Fuente: Murray, 2012.

La crisis ha justificado cambios regulatorios para favorecer este retorno del capital balear a su cubil, acuciado por la búsqueda de mayores rentabilidades de los capitales financiero-especulativos en el contexto de la crisis y tentados por la mayor integración del turismo con el sector inmobiliario. Las administraciones públicas han favorecido esta inversión urbano-turística de diferentes maneras: mediante la intervención keynesiana que intentó, durante los primeros años de la crisis, reactivar el sector de la construcción, por ejemplo con la construcción de megaproyectos urbanos (Artigues et al., 2013); con rescates financieros de entidades bancarias (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2014); con legalización de parcelaciones ilegales, a modo de revalorización de activos financieros (Hof y Blázquez, 2013); con la revitalización de proyectos urbanísticos paralizados, con el propósito de revalorizar estos activos tóxicos (Murray, 2013b); y por último, mediante la flexibilización de los enclaves turísticos (Artigues-Bonet; et al., 2013; Yrigoy et al., 2013). Los hoteleros han sido los principales actores de los cambios en la actuación de las administraciones públicas por lo que respecta a esta última modalidad.

Flexibilización socioambiental negativa

Las intervenciones para la reconversión de los enclaves turísticos generan un amplio corolario de consecuencias en su seno. Las más graves son la gentrificación del espacio, la instrumentación de la sostenibilidad y la flexibilidad negativa de la fuerza de trabajo.

Las propuestas de restructuración de enclaves turísticos fortalecen la segregación espacial de clases sociales, acusando al turismo de masas de menor poder adquisitivo del deterioro medioambiental. Con estas restructuraciones de los centros turísticos se promueve la diferenciación espacial de las áreas privilegiadas por la reconversión dando lugar a un proceso de gentrificación (Smith, 2002) con la subordinación de espacios públicos a la explotación privada de los establecimientos turísticos. La solución ambiental o sostenible se utiliza como coartada para favorecer la privatización de las zonas costeras a través de la construcción de beach clubs, en aplicación de la modificación de la Ley de Costas, que precisamente toma por nombre el de “Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral”. El nombre dado a esta ley es un buen ejemplo del uso de la retórica en este cambio normativo neoliberal.

La hegemonía de la élite vinculada al turismo en Baleares se demuestra también por la legitimación y propagación de su manera de entender el desarrollo sostenible (Igoe, Neves and Brockington, 2010) como capitalismo verde (Magdoff and Foster, 2011) ilustrando el sentido del concepto de “bloque histórico de desarrollo sostenible” (Sklair, 2000). Su adaptación al conflicto ambiental en beneficio propio implica el establecimiento de alianzas con otras instituciones sociales. Por ejemplo, con la Universidad de las Islas Baleares a la que patrocinan cátedras: la Cátedra Sol Meliá en Estudios Turísticos de la Cadena Hotelera Meliá Hotels International, que se centra en el discurso de la sostenibilidad y de la responsabilidad social corporativa; o la Fundación Cátedra Latinoamericana presidida por Barceló Hotels and Resorts. Las Cadenas Hoteleras baleares han jugado un papel de liderazgo en la sociedad, dentro y fuera de las Islas Baleares, tras la consecución de su proyecto de poder como clase capitalista; pese a que el desarrollo urbano-turístico ha tenido graves consecuencias en la degradación social, democrática y ambiental en las Islas Baleares (Blázquez, Artigues y Murray, 2011; Murray, Blázquez y Amer, 2010). La forja del emporio turístico balear incluye así la idiosincrasia caciquil de la clase hotelera, que ha entrado a formar parte de la “marca balear” (Buades, 2009). La reestructuración de destinos turísticos maduros enarbola la sostenibilidad, encubriendo más crecimiento urbanístico (Artigues-Bonet, Blázquez-Salom e Yrigoy, 2014) y el incremento del dominio corporativo: Iberostar, Riu, Barceló, Hipotels, Aqua Magica, Grupotel, Hoteles HM, Mac, etc. en la Platja de Palma (Ruiz y Mateis, 06/06/2013; Preferente, 24/04/2013; Hosteltur, 30/04/2013); Meliá Hotels International en Magaluf; y Matutes en Platja d’en Bossa.

Tal es su dominio social que pueden incluso vanagloriarse de ello. Las propias fuentes de información de los hoteleros describen su lobby para cambiar la legislación, a través de connivencia con el poder político: su pionera iniciativa privada ofrece proyectos de inversión “pendientes de la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes” que las “garantizaría” (Preferente, 24/04/2013; Hosteltur, 30/04/2013). Al mismo tiempo que se explican chantajes de los hoteleros al gobierno para canjear su apoyo político a cambio de regulaciones a la carta en los casos de reconversión de enclaves objeto de estudio, no sin cierta sorna, en términos de que los grandes grupos hoteleros de las familias Matutes, Barceló y Escarrer “tienen intereses concretos que pasan por decisiones políticas de las instituciones gobernadas por el PP” (Diari de Balears, 9/10/2013).

La crisis también se aprovecha para flexibilizar la fuerza de trabajo. La contratación laboral en el sector turístico es ya de por sí de baja calidad, mal remunerada, poco cualificada e insegura (Britton, 1991). Dado que la unidad monetaria imposibilita la devaluación de los países periféricos de la UE, la rebaja salarial es la alternativa, como un medio para atraer más capitales inversores y demanda turística. Los salarios de los trabajadores de la hostelería de las Islas Baleares fueron los más bajos entre todos los sectores de actividad económica en 2011, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE, 2013a; Diario de Mallorca y EFE, 28/06/2013). De acuerdo con la Contabilidad Nacional de España, la participación de los salarios en el PIB (que suma el 44,24 %) ha caído por debajo de la cuota de los ingresos de capital o excedente bruto de explotación (que suma un porcentaje del 46,16 %) en 2012 (INE, 2013b, Bolaños, 28/02/2013). Además, la contratación ilegal está a la orden del día. La Inspección del Ministerio de Trabajo investiga a las empresas Nikki Beach de Magaluf (participante del proyecto de reconversión liderado por Meliá Hotels International) y Hotel Formentor de la cadena Barceló por la contratación ilegal de trabajadores (Manso, 09/12/2012). Incluso tras un año turístico récord, las demandas de la patronal hotelera son la congelación de salarios (Hosteltur, 10/12/2013). Estas grandes corporaciones hoteleras están transfiriendo de vuelta su know how –en este caso la flexibilidad negativa de las condiciones laborales de sus trabajadores– de las nuevas periferias turísticas, a sus regiones de origen, en este caso las Islas Baleares (Blázquez, Cañada y Murray, 2011).

Resistencias ciudadanas y contramovimientos para crear estabilidad

El movimiento ecologista ha denunciado las formas más agresivas de urbanización relacionada con el turismo y el desarrollo de infraestructura –por ejemplo mediante el uso del término despectivo de la “balearización”–, con resultados apreciables en términos de consenso social (Mapa 1). De este consenso se ha derivado la promulgación de la normas de protección del territorio.

Una explicación más compleja sería que, al igual que ocurrió en las Islas Canarias, las restricciones a la expansión urbano-turística promueven la acumulación de capital, en beneficio de “camarillas regionales de poder que han podido consolidar su monopolio sobre los medios de producción del turismo a través de sus grupos de presión, apoyando un modelo de sostenibilidad basado en el ‘turismo de calidad’” (Bianchi, 2004, p. 517). Así sucede que la manipulación retórica del reto de la sostenibilidad resuelve el problema de la acumulación de capital basada en la inversión inmobiliaria, de los principales consorcios turísticos y del sector de la construcción. Los intereses corporativos dominantes manipulan el descontento popular, que se expresa mediante la crítica a la “balearización”, con el uso del cebo del “desarrollo del turismo sostenible y de calidad” para seguir creciendo y favoreciendo la acumulación de capital (Hof & Blázquez-Salom, n.d.). Así se consigue “que todo cambie para que todo siga igual”, según el célebre adagio de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. El sistema se vacuna de sus propias contradicciones, por ejemplo mediante alianzas interclasistas, que habrán prevenido el colapso; de nuevo analizándolo según el análisis de Karl Polanyi: “el contramovimiento de protección tenía que suceder para prevenir el desastre de una economía desvinculada. Polanyi sugiere que un movimiento orientado a promover la economía del laissez faire precisa de un contramovimiento para crear estabilidad” (Block, 2001, p. xxviii).

Doc3_CAMapa 1. Mapa interactivo para la denuncia de conflictos territoriales y ambientales en Mallorca. 
Fuente: GOB Mallorca, http://www.gobmallorca.com/la-campanya/mapa-de-conflictes.html (consultado el 8 de noviembre de 2013).

El conflicto social por la defensa del territorio no es el único candente en las Islas Baleares. El endeudamiento hipotecario y el rescate bancario se saldan con desahucios, denunciados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (http://afectadosporlahipoteca.com/) y con el deterioro de la dotación pública de sanidad y educación, a raíz de los recortes presupuestarios. La defensa de la educación pública y de calidad ha dado lugar a la mayor movilización de la historia de las Islas Baleares, el 29/9/2013, convocada por la Asamblea de Docentes (http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/).

Decrecimiento urbano-turístico y radicalidad democrática

Se ha establecido probadamente la relación directa entre el turismo de masas, el agotamiento de los recursos energéticos fósiles y el cambio climático (Hall, Scott y Gössling, 2013). El turismo de masas, con desplazamientos frecuentes y a largas distancias es la modalidad turística más dañina ambientalmente. También se trata de la modalidad más controlada por el capital corporativo, que se apropia de la mayor parte de los beneficios, expatriándolos –a modo de fuga o leakeage de capitales– del lugar de acogida del turismo (Britton, 1982). El control corporativo internacional tiene el apoyo de los Estados, que promueven así la perpetuación del credo del desarrollo, con el mantenimiento del intercambio desigual y, al fin y al cabo, del sistema capitalista. El turismo en sí no es cuestionable, como no lo son otras actividades humanas. Pero sí lo es el capitalismo por el crecimiento compuesto del que depende que no es posible para siempre, ya que provoca crisis ambientales y sociales insostenibles y consustanciales a la acumulación de capital por parte de la clase social dominante.

En consecuencia, se puede abogar por que la sostenibilidad venga de la mano del decrecimiento (Georgescu-Roegen, 1971). En esta línea algunas de las medidas propuestas para hacer frente a estas amenazas y hacer más sostenible el turismo tienen que ver con su frecuencia, distancia recorrida y medios de transporte utilizados; es decir, aplicando al menos como medidas paliativas: viajar menos y a destinos más próximos, con estancias de mayor duración, utilizando medios de transporte más eficientes y más encarecidos (Hall, 2009). Otras propuestas inciden más en las limitaciones al crecimiento urbano-turístico, especialmente en espacios insulares en los que la sociedad muestra su descontento ante la excesiva presión turística (Bianchi, 2004). Todo ello sin descuidar que la propia insularidad o la estacionalidad climática, implican limitaciones al crecimiento urbano-turístico en pequeñas islas, más aún si están alejadas del continente (Rullan, 2010).

Conclusiones

El capital corporativo marca el devenir de la sociedad capitalista. En el caso balear se trata principalmente de hoteleros que han reforzado y extendido su actividad con la globalización neoliberal, determinando las políticas públicas a su interés, tanto en las Islas Baleares como en los nuevos destinos que colonizan. El pulso entre sus intereses y la sociedad demuestra este protagonismo, para pactar las “moratorias” al crecimiento o para finiquitarlas en las Islas Baleares. La modificación regulatoria que promueven en el contexto de la crisis actual corrobora su influencia “desdemocratizadora”, que instrumenta las resistencias como contramovimientos orientados a favorecer la estabilidad del sistema. El pulso demuestra el dominio corporativo, frente a la exigencia de radicalidad democrática de la sociedad.

Como con la flexibilización turístico-territorial aquí analizada –que Ivan Murray equipara a un “shock territorial” (2013a, p. 274)–, las medidas neoliberales aplicadas promueven el mercado autoregulado en detrimento del bienestar y de la sostenibilidad. Como hemos comprobado, más que tratarse de un mercado autoregulado, se instrumenta al Estado para regular el mercado a favor del capital. Esto añadido a la represión de los contramovimientos de defensa de la sociedad, mediante mecanismos de control y represión social, supone un retroceso de la libertad, considerable como una “desdemocratización” de la sociedad. Se evidencia que se hace necesario hacer avanzar los contramovimientos democráticos, más allá de sanear y sostener el sistema, y más allá de soluciones –más bien apaños– a las contradicciones del capitalismo. Nuevos diseños anticapitalistas de acción social “corevolucionarios” (Harvey, 2011, p. 20), favorables al decrecimiento también del turismo, se vuelven urgentes y llegaran a ser imprescindibles.

Agradecimientos: Agradecemos el apoyo del Profesor Rémy Knafou y de Alfonso Fernández Tabales, así como las correcciones y los comentarios del revisor anónimo.

La investigación en que se basa este artículo se financia con el proyecto de investigación titulado “Geografías de la crisis: análisis de los territorios urbano-turísticos de las Islas Baleares, Costa del Sol y principales destinos turísticos del Caribe” (CSO2012-30840) del Ministerio de Economía y Competitividad.

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Autor

Macià Blázquez Salom
Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio, GIST, Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de las Islas Baleares